Estados Unidos sigue endureciendo las sanciones contra Cuba. El 3 de septiembre, el gobierno estadounidense impuso nuevas medidas coercitivas contra cinco empresas cubanas de los sectores de servicios financieros, metales, minería y energía y un nieto del líder revolucionario Raúl Castro.
El gobierno cubano "sigue representando una amenaza profunda y multinivel para la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad de nuestro hemisferio", dijo el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, explicando las sanciones.
Washington impone nuevas sanciones prácticamente cada semana, esta vez contra el banco estatal Banco Exterior de Cuba, un banco estatal cubano especializado en banca corporativa, financiación del comercio exterior y transacciones internacionales, así como a dos empresas del sector cubano de níquel y cobalto, la empresa de servicios Empresa de Servicios Comandante René Ramos Latour (NICAROTEC) y la empresa de comercio exterior y logística Empresa Importadora y Abastecedora del Níquel (CEXNI). Además, otras dos empresas activas en el debilitado sector energético cubano han sido sancionadas: Empresa Importadora de Abastecimiento para El Petróleo (ABAPET), una filial de la empresa estatal CUPET, y Comercial CUPET, una empresa estatal cubana que representa a CUPET en negociaciones y empresas conjuntas con socios extranjeros.
El Departamento de Estado de EE. UU. también dijo que había impuesto sanciones a Fidel Ernesto Castro Calis, de 31 años, porque era un familiar adulto de otros miembros sancionados de la familia Castro. Su padre, Alejandro Castro Espín, fue sancionado el 4 de junio de 2026, junto con el hermano de Castro Calis, Raúl Alejandro Castro Calis.
Para las personas y empresas cotizadas por el Departamento de Estado de EE. UU., las sanciones suponen la congelación de sus activos en EE. UU. Además, las empresas e individuos estadounidenses tienen prohibido realizar todas las transacciones y transacciones con ellos. Las transacciones de terceros están sujetas a la amenaza de sanciones. La base legal es una orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Donald Trump el 1 de mayo, que amplía el régimen de sanciones contra el gobierno cubano y las empresas extranjeras que operan en la isla.
Desde principios de mayo, Estados Unidos ha endurecido masivamente el régimen de sanciones contra el gobierno cubano, así como contra empresas cubanas y extranjeras que operan en la isla tras el bloqueo de todas las entregas de crudo a Cuba a finales de enero. Esto ya ha provocado la retirada de grupos hoteleros españoles, las compañías de tarjetas de crédito Visa y Mastercard, las navieras internacionales y la empresa minera canadiense Sherritt del negocio cubano.
A mediados de junio, la Asamblea Nacional cubana aprobó las reformas económicas más extensas en décadas. El plan de 176 puntos contempla una ruptura con la economía planificada central, una mayor apertura de la economía controlada por el Estado y la introducción de mecanismos basados en el mercado.