Poco después de las elecciones de mitad de mandato estadounidenses, el gobierno estadounidense anunció nuevas medidas coercitivas contra Cuba el 5 de noviembre. El Departamento de Estado de EE. UU. sancionó ocho instalaciones cubanas y dos particulares, y clasificó cinco barcos como propiedad bloqueada.
Las medidas apuntan a actores asociados con las redes de transporte de crudo del gobierno cubano, importadores estatales y proveedores con base en China para las fuerzas armadas cubanas, informó el Departamento de Estado de EE. UU. en un comunicado.
Entre los afectados se encuentran las empresas estatales cubanas CUBAELECTRONICA, importadora de bienes y equipos para la industria electrónica cubana, y TECNOSIME, comercializadora de servicios técnicos y tecnológicos. También están sancionadas la empresa panamá TENTACOOL, que opera en el sector energético de la economía cubana, así como las navieras CAROIL y PETROMARCA, con sede en Chipre y Cuba, respectivamente, y petroleros asociados a ellas.
Otros objetivos de sanciones incluyen a GUILLERMO FAUSTINO RODRÍGUEZ LÓPEZ CALLEJA, a quien el gobierno estadounidense acusa de formar parte de la red de navieras offshore que transportan envíos de crudo cubano, y ANY RODRIGUEZ LASTRES, hija de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta del grupo militar previamente sancionado Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA).
Las sanciones incluyen la congelación de los activos de las empresas y personas afectadas en Estados Unidos. Además, las empresas y particulares estadounidenses tienen prohibido realizar todas las transacciones y transacciones con ellos.
Extensión del marco de sanciones
Paralelamente, el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha emitido una disposición que permite imponer sanciones económicas a personas y empresas extranjeras que estén o hayan estado activas en los sectores estratégicos de electrónica, manufactura, transporte marítimo o tecnología de la economía cubana.
Esta decisión representa una expansión significativa del marco de sanciones, ya que allana el camino para futuras medidas punitivas contra empresas de terceros países. Su objetivo es disuadir a posibles socios internacionales de invertir en Cuba o suministrar tecnología allí.
Desde principios de mayo, Estados Unidos ha endurecido masivamente el régimen de sanciones contra el gobierno cubano, así como contra empresas cubanas y extranjeras que operan en la isla. Esto ya ha provocado la retirada de grupos hoteleros españoles, las compañías de tarjetas de crédito Visa y Mastercard, las navieras internacionales y la empresa minera canadiense Sherritt del negocio cubano.