Estados Unidos endureció aún más las sanciones contra Cuba el 20 de agosto, añadiendo ocho empresas estatales en los sectores metalúrgico y minero, así como el Ministerio de Construcción de Cuba, a la lista de sanciones. Además, tres funcionarios del Instituto Cubano para la Amistad Popular (ICAP), que promueve las relaciones de Cuba con activistas de solidaridad extranjeros, serán sancionados.
El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio acusó al ICAP de mantener una "extensa red subversiva" en Estados Unidos bajo el pretexto de intercambio educativo y cultural.
Entre las empresas autorizadas del sector metalúrgico y minero cubano se encuentran la empresa estatal de níquel "Comandante Ernesto Che Guevara"; METALCUBA, una empresa estatal cubana que gestiona la importación de productos industriales pesados, incluidos combustibles especiales y componentes metálicos, en nombre de actores estatales y no estatales; el grupo de empresas GEOMINAL, activo en la minería de sal; ACINOX COMERCIAL, que gestiona la importación y exportación de bienes metalúrgicos y equipos industriales; la agencia ACOREC, responsable de colocar trabajadores cubanos en empresas extranjeras, y las agencias de importación y exportación CORATUR, TRANSIMPORT y CONSUMIMPORT, que forman parte del conglomerado comercial exterior GECOMEX.
Para las empresas e individuos cotizados por el Departamento de Estado de EE. UU., las sanciones suponen la congelación de sus activos en Estados Unidos. Además, a las empresas e individuos estadounidenses se les prohíbe realizar todas las transacciones y transacciones con las entidades autorizadas. Las transacciones con terceros están sujetas a la amenaza de sanciones. La base legal es una orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Donald Trump el 1 de mayo, que amplía el régimen de sanciones contra el gobierno cubano y las empresas extranjeras que operan en la isla. Esto ya ha llevado a la retirada de grupos hoteleros españoles, las compañías de tarjetas de crédito Visa y Mastercard, las navieras internacionales o la empresa minera canadiense Sherritt del negocio cubano.
El ministro de Asuntos Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, rechazó las sanciones en una publicación en su cuenta oficial X. Estados Unidos y Rubio persiguen el "objetivo consciente de dañar la economía [cubana]" para impedir los servicios básicos de la población, dijo Rodríguez. Las medidas dificultaron las entregas de alimentos, medicinas y equipos médicos, la mayoría de los cuales fueron adquiridos por empresas privadas cubanas.