En el futuro, se permitirá a las sucursales de las representaciones comerciales extranjeras en Cuba realizar transacciones comerciales y distribuir bienes al por mayor en el país. Esto está previsto en el reglamento publicado en la Gaceta Oficial Nº 82 (ordinaria) (PDF) a principios de octubre. Además, las representaciones comerciales pueden contratar directamente trabajadores cubanos sin tener que recurrir obligatoriamente a una agencia estatal empleadora. Esto fue declarado por la Viceministra de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Déborah Rivas Saavedra, a la prensa en La Habana.
Estos cambios hasta ahora solo han permitido que empresas extranjeras que actúan como proveedores realicen actividades mayoristas. Aunque en el pasado ya se permitía a las empresas extranjeras realizar transacciones comerciales, la importación (incluida el despacho aduanero), el transporte y la distribución de los bienes eran responsabilidad de los importadores cubanos. Con las nuevas regulaciones, las misiones comerciales exteriores tendrán acceso más directo al mercado hasta el por mayor.
Según el gobierno cubano, la eliminación de intermediarios en la cadena de distribución tiene como objetivo reducir los precios de los insumos importados, materias primas y productos terminados. El objetivo es mejorar el suministro de insumos y materias primas para vincularlos a la producción local.
Rivas Saavedra explicó que la adjudicación directa de contratos a empresas con capital extranjero ya había sido aprobada y ahora se extiende a representaciones comerciales extranjeras. Según la legislación cubana, estas se tratan como entidades jurídicas independientes con sus propias regulaciones. Por esta razón, fue necesaria una enmienda separada al reglamento correspondiente.
Las nuevas regulaciones forman parte de las reformas económicas más integrales en Cuba en décadas, aprobadas por la Asamblea Nacional cubana a mediados de junio y que se están implementando gradualmente. Hasta ahora, ya se han adoptado nuevas medidas para reducir la burocracia para agilizar los procedimientos de aprobación de inversiones extranjeras directas mediante menores requisitos de documentación y tiempos de tramitación más cortos. Además, las regulaciones para el capital extranjero en la isla se han vuelto más flexibles.