Cuba ha adoptado un nuevo marco legal para el desarrollo de su industria petrolera y gasística. Esto amplía las oportunidades para que inversores extranjeros, así como para empresas privadas cubanas, participen en este sector estratégicamente importante. El Decreto-Ley 135, publicado el 12 de octubre en el Boletín Oficial Nº 85 (edición ordinaria) (PDF), regula las condiciones marco. Los nuevos reglamentos entrarán en vigor una semana después de su publicación.
El objetivo es crear un marco legal para aumentar gradualmente la producción de crudo y gas natural, incrementar las reservas y cubrir la demanda nacional de combustibles en la medida de lo posible, explicó Pedro Abigantus León, director de inversiones y negocio en el ámbito del petróleo y gas natural del Ministerio de Energía cubano, en una rueda de prensa en La Habana.
La nueva ley define varias formas de participación en la exploración y producción. Entre ellas se incluyen el contrato de producción conjunta, una variante utilizada con empresas extranjeras desde los años 90, el contrato de servicios petroleros y otras formas de cooperación previstas por el sistema legal. El contrato de producción conjunta puede durar hasta 40 años, renovable por otros diez años.
"Se ratifica y amplía la apertura a la inversión extranjera en la industria petrolera con seguridad jurídica, transparencia y compatibilidad con la soberanía nacional", afirmó Abigantus León.
Adjudicación de concesiones a empresas privadas
La mayor innovación es la concesión petrolera. Tiene un plazo de hasta 30 años, con una posible prórroga de diez años. En el caso de la concesión, la exploración y producción se llevan a cabo a cargo y riesgo del inversor. El Estado transfiere la propiedad de los yacimientos extraídos a él; a cambio, se deben pagar tasas, regalías e impuestos. Los depósitos de petróleo y gas situados en el subsuelo siguen siendo propiedad del Estado.
Por regla general, las concesiones se conceden mediante licitaciones abiertas. Los contratos de producción conjunta, por otro lado, pueden adjudicarse directamente. Además de las empresas extranjeras, las empresas privadas cubanas pueden participar en la exploración y producción mediante concesiones por primera vez. Sin embargo, necesitan la garantía del Ministerio de Energía y la aprobación del Consejo de Ministros.
Como explicó Irenaldo Pérez Cardoso, subdirector de la empresa petrolera estatal Cupet (Unión Cuba-Petróleo), la participación privada también puede incluir la refinación, almacenamiento y venta de combustibles; sin embargo, los activos estratégicos permanecen bajo control estatal. Otras inversiones, por otro lado, podrían negociarse con inversores nacionales o extranjeros, dependiendo de las condiciones del capital aportado.
Pérez Cardoso destacó que varias empresas nacionales privadas podrían unir fuerzas para implementar proyectos a gran escala. Sin embargo, reconoció que estos modelos aún requieren regulaciones complementarias, especialmente en lo que respecta a la contratación y las asociaciones entre actores privados. Habló de un enfoque paso a paso.
Tras el secuestro del jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte del ejército estadounidense a principios de enero, Washington ordenó un bloqueo de facto de todas las entregas de crudo a Cuba. Esto ha agravado aún más la crisis energética y de combustible en la isla. El petróleo y gas producidos en Cuba cubren casi el 40 por ciento de las necesidades del país. Sin embargo, el petróleo cubano es un petróleo pesado muy sulfuroso que puede usarse en centrales térmicas, pero no puede procesarse en gasolina o diésel.
La apertura del sector petrolero y gasístico al capital privado forma parte de las reformas económicas adoptadas por la Asamblea Nacional cubana a mediados de junio. El plan de 176 puntos contempla un alejamiento de la economía planificada central, una mayor apertura de la economía controlada por el Estado y la introducción de mecanismos basados en el mercado.
Die Vergabe von Konzessionen soll in der Regel über offene Ausschreibungen erfolgen. Verträge über die gemeinsame Förderung können hingegen direkt vergeben werden. Neben ausländischen Unternehmen können erstmals private kubanische Unternehmen an der Erkundung und Förderung mittels Konzessionen teilnehmen. Hierfür benötigen sie jedoch die Bürgschaft des Energieministeriums sowie die Genehmigung des Ministerrats.
Wie Irenaldo Pérez Cardoso, stellvertretender Direktor des staatlichen Ölkonzerns Cupet (Unión Cuba-Petróleo), erklärte, kann die private Beteiligung auch die Raffinierung, Lagerung und den Verkauf von Kraftstoffen umfassen; strategische Vermögenswerte verbleiben jedoch unter staatlicher Kontrolle. Über andere Anlagen hingegen könnte mit inländischen oder ausländischen Investoren verhandelt werden, wobei die Bedingungen vom eingebrachten Kapital abhängen würden.
Pérez Cardoso hob hervor, dass sich mehrere private inländische Unternehmen zusammenschließen könnten, um Projekte größeren Umfangs zu realisieren. Er räumte jedoch ein, dass für diese Modelle noch ergänzende Regelungen erforderlich seien, insbesondere im Hinblick auf Vertragsabschlüsse und Partnerschaften zwischen privaten Akteuren. Er sprach von einem schrittweisen Vorgehen.
Nach der Entführung von Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro Anfang Januar durch das US-Militär hat Washington eine faktische Blockade aller Rohöllieferungen nach Kuba verfügt. Dies hat die Energie- und Treibstoffkrise auf der Insel weiter zugespitzt. Das in Kuba geförderte Öl und Gas deckt knapp 40 Prozent des Bedarfs des Landes. Allerdings handelt es sich bei dem kubanischen Erdöl um ein sehr schwefelhaltiges Schweröl, das zwar für die Wärmekraftwerke verwendet, aber nicht zu Benzin oder Diesel verarbeitet werden kann.
Die Öffnung des Öl- und Gassektors für privates Kapital ist Teil der Mitte Juni von der kubanischen Nationalversammlung beschlossenen Wirtschaftsreformen. Der 176 Punkte umfassende Plan sieht eine Abkehr von der zentralen Planwirtschaft, eine stärkere Öffnung der staatlich gelenkten Wirtschaft und die Einführung marktwirtschaftlicher Mechanismen vor.