El gobierno cubano está creando nuevos incentivos para la expansión de las energías renovables. La Resolución 41/2026 del Departamento de Finanzas y Precios (PDF), publicada en el Boletín Oficial nº 30 del 19 de febrero, establece un paquete integral de incentivos fiscales y arancelarios para promover el uso de fuentes de energía renovable frente al embargo total de facto sobre el petróleo por parte de Estados Unidos.
Las personas naturales y jurídicas están exentas de pagar derechos de importación al importar sistemas fotovoltaicos, calentadores de agua alimentados por energía solar, pequeños aerogeneradores, digestores de biogás, bombas solares o iluminación solar, independientemente de si son empresas estatales, cooperativas, empresas privadas, trabajadores por cuenta propia o particulares. Por tanto, se extenderán las concesiones arancelarias anteriores. En el futuro, los cargadores para vehículos eléctricos alimentados por energías renovables y las plantas para generación de energía a partir de biomasa también estarán cubiertos por la normativa. Las exenciones aduaneras se aplicarán inicialmente hasta finales de 2027.
Amplios beneficios fiscales
Además, habrá amplias exenciones fiscales para la instalación y operación de sistemas solares. Cualquier persona que instale sistemas solares para autoconsumo o para alimentar la red está exenta del impuesto sobre los beneficios (personas jurídicas) o del impuesto sobre la renta (personas naturales con actividad económica) durante todo el periodo de amortización – hasta ocho años – en función del importe del valor invertido. La normativa estipula que el estado no impone temporalmente impuestos sobre las ganancias o ingresos hasta que alcancen la cantidad invertida (amortización de la inversión) o hasta que hayan pasado ocho años, lo que ocurra primero.
Los requisitos previos para la exención fiscal son un informe energético de la Agencia Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía, que certifique que el sistema instalado funciona correctamente y cumple con los estándares y requisitos técnicos necesarios, así como un estudio de viabilidad que muestre el periodo de recuperación. La normativa se aplica retroactivamente, es decir, los trabajadores por cuenta propia y las empresas que ya hayan invertido y recibido un informe energético también pueden solicitar el beneficio.