A finales de agosto, el Consejo de Ministros publicó varios reglamentos para reorganizar el marco legal del comercio minorista y mayorista cubano. El contexto de esto es la creciente importancia de los actores económicos no estatales y la necesidad de simplificar los procedimientos para iniciar actividades comerciales.
Las disposiciones, que entrarán en vigor a principios de septiembre, actualizan el marco legal para el comercio mayorista y minorista, simplifican la emisión de licencias comerciales, autorizan la creación de cadenas minoristas y de restaurantes e introducen normas vinculantes para todos los operadores económicos. Se aplican a las empresas estatales, a las micro, pequeñas y medianas empresas públicas y privadas (MIPYMES), a las empresas autónomas y a las empresas de inversión extranjera, siempre que realicen actividades recogidas por el esquema.
Los Decretos 167 y 168, así como varias resoluciones complementarias, fueron publicados en el Boletín Oficial nº 69/2026 del 28 de agosto (PDF) y presentados por la Ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, y su equipo en una rueda de prensa.
El Decreto 167/2026 "Sobre el Comercio Interior" define el ámbito del comercio mayorista y minorista, fusiona diversas disposiciones y regula diversas formas de distribución. El comercio electrónico (comercio electrónico) está integrado como una forma de comercio formalmente reconocida. El Decreto 168/2026 "Sobre el Registro Central de Comercio" mantiene el requisito de registro, pero simplifica los procedimientos de licencia. Una empresa que realice varias actividades comerciales podrá cubrir todas estas actividades con una única licencia de comercio. Además, se eliminará la distinción entre las autorizaciones para la negociación en pesos cubanos (CUP) y en moneda extranjera. Las empresas que no operen en CUP tendrán que pagar sus tasas de licencia en divisas.
La disposición subordinada, también publicada en la Gaceta Oficial – Resolución 23 del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) – introduce un nuevo sistema de clasificación para los establecimientos comerciales en el país. Este divide a las empresas en tres categorías de calidad: tiendas de gama alta, media y locales o tiendas de barrio. Una segunda resolución – la Resolución 24 de MINCIN – establece los requisitos técnicos que deben cumplir todas las personas naturales y jurídicas (cubanas o extranjeras, incluidas sucursales y otras entidades autorizadas) para operar comercialmente en el país. Estos incluyen la provisión de canales electrónicos de pago para la venta de bienes y servicios, así como garantizar el acceso a estos sistemas para consumidores y clientes. Además, deben existir permisos y licencias válidos.
Estas medidas forman parte de las reformas económicas más integrales en Cuba en décadas aprobadas por la Asamblea Nacional cubana a mediados de junio. El plan de 176 puntos contempla un alejamiento de la economía planificada central, una mayor apertura de la economía controlada por el Estado y la introducción de mecanismos basados en el mercado.