Con un nuevo decreto sobre la comercialización de productos agrícolas y forestales, el gobierno cubano quiere reducir la burocracia en la venta de excedentes, promover la inversión en la creación de valor y formalizar la participación de actores económicos privados en la distribución de alimentos.
Junto con la Resolución 16/2026 del Ministerio de Agricultura, que contiene las normas de aplicación, el Decreto 143/2025 del Consejo de Ministros fue publicado en la Gaceta Oficial (PDF) el 9 de abril. Según los medios estatales, la medida establece "un sistema más flexible de distribución alimentaria, con participación de productores estatales y no estatales, bajo planificación estratégica del Estado". El decreto entrará en vigor 30 días laborables después de su publicación en la Gaceta Oficial.
En esencia, el reglamento autoriza a micro, pequeñas y medianas empresas (estatales, privadas y mixtas), cooperativas de todo tipo, cuentapropistas y propietarios legales de tierras a comercializar productos agrícolas y forestales. Tras cumplir con sus obligaciones contractuales de entrega, los productores podrán en el futuro vender sus excedentes libremente sin autorización adicional. Esto les da acceso libre a los mercados mayoristas y minoristas sin tener que recurrir al intermediario del comprador estatal Acopio.
A nivel provincial y municipal, se establecen los llamados comités de adquisiciones bajo la presidencia de gobernadores y alcaldes. Estos comités incluyen a productores, empresas públicas y privadas, autónomos y representantes de los sectores bancario y financiero. El sistema de precios se divide en tres categorías: centralizado, negociado y acordado. Se hace una distinción entre productos certificados ecológicos y aquellos con garantías agroecológicas, afirma.
Además, el Ministerio de Agricultura, en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, determina los productos agrícolas y forestales que pueden comercializarse directamente para exportación.
El decreto también regula el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles entre empresas, exige la obtención de permisos sanitarios y medioambientales, y promueve el desarrollo de micro y pequeñas empresas a nivel local, con financiación que incluye fondos locales, inversión extranjera y proyectos de cooperación internacional. Con este fin, "el gobernador realiza un levantamiento de las minindustrias y microindustrias existentes y una evaluación real de sus posibilidades de producción y comercialización, así como de su participación en la inversión extranjera y en proyectos de colaboración internacional."