Cuba: Se publica el anteproyecto de ley de expropiaciones

29/03/2022

La iniciativa legislativa refuerza las garantías legales para los inversores extranjeros en Cuba, aseguran los medios cubanos.

 

El proyecto de "Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Interés Social" (PDF) ha sido publicado en el sitio web del Ministerio de Finanzas de Cuba (MFP), donde ya puede ser consultado por la población cubana.

Además, se creó la dirección de correo electrónico consultas.patrimonio@mfp.gob.cu para facilitar la elaboración y aprobación de la ley según los criterios no sólo de los expertos y legisladores, sino también de los ciudadanos que ejercen sus derechos de participación, escribe el diario Granma.

El anteproyecto de ley regula la expropiación por causa de utilidad pública o interés social como medio de actuación del Estado para satisfacer los intereses generales como medio de adquisición de bienes y derechos del patrimonio del Estado, dice el periódico. También establece los responsables de declarar el beneficio público o el interés social, así como las bases y el procedimiento para determinar el beneficio o la necesidad.

El proyecto de ley también respalda las normas sobre expropiación en esta materia establecidas en la Ley No. 118 de Inversión Extranjera del 29 de marzo de 2014, y en este contexto fortalece las garantías legales para los inversionistas extranjeros en Cuba, asegura Granma.

El proyecto de ley establece en uno de sus artículos que se requiere la aprobación previa del Consejo de Ministros para iniciar medidas de expropiación de inversiones extranjeras. En caso de expropiación en el ámbito de la inversión extranjera, la indemnización se fijará en el valor comercial acordado mutuamente, según el proyecto de ley. Si no se llega a un acuerdo sobre el valor comercial de los bienes o derechos a expropiar, el precio será determinado por una organización de prestigio internacional en el ámbito de la valoración de empresas, autorizada por el Ministerio de Hacienda y encargada a tal efecto de acuerdo con las partes del procedimiento de expropiación. La indemnización se paga en moneda libremente convertible (MLC).

Según el sitio web del Ministerio de Finanzas, la iniciativa legislativa refuerza -en una medida sin precedentes en el derecho cubano- el entorno jurídico de las garantías procesales y patrimoniales de los afectados por la expropiación, escribe el diario. La Constitución cubana sólo permite la expropiación de bienes por razones de beneficio público o interés social y con una indemnización adecuada. La ley, que ya está disponible como proyecto, establece las bases para determinar el beneficio y la necesidad, las garantías debidas, el procedimiento de expropiación y la forma de indemnización.

La cuestión de la expropiación ha sido uno de los puntos centrales de discordia entre Estados Unidos y Cuba desde el triunfo de la revolución, cuando muchas empresas, incluidas las estadounidenses, fueron nacionalizadas. Este conflicto es uno de los ejes de la llamada Ley Helms-Burton, un endurecimiento del bloqueo estadounidense contra Cuba aprobado por el Congreso de Estados Unidos en 1996. Las cláusulas III y IV habían sido suspendidas por todos los presidentes de EE.UU. en incrementos de seis meses. Donald Trump fue el primer presidente en activarlos a principios de 2019, abriendo el camino a las demandas por daños y perjuicios en los tribunales estadounidenses contra las empresas de Estados Unidos o de terceros países que se beneficiaron de los bienes nacionalizados propiedad de empresas y ciudadanos estadounidenses tras la revolución.

Desde entonces, se han presentado varias demandas contra empresas que operan o han operado en Cuba. La semana pasada, un tribunal federal de Miami dictaminó que cuatro de las mayores compañías de cruceros del mundo (Carnival, Norwegian, Royal Caribbean, así como la suiza MSC Cruises) realizaban "actividades turísticas prohibidas" y "tráfico" de bienes nacionalizados al transportar pasajeros a Cuba y beneficiarse del uso de instalaciones portuarias en La Habana incautadas por el gobierno cubano tras la revolución. El fallo del juez podría tener implicaciones para casos similares presentados en los tribunales estadounidenses por decenas de cubano-americanos que buscan una compensación por sus propiedades nacionalizadas después de 1959.