El fallo de la jueza en una demanda Helms-Burton contra varias líneas de cruceros puede tener implicaciones para demandas similares y para el turismo de cruceros en Cuba.
Esta semana se ha dictado una sentencia histórica en el sur de Florida, con consecuencias para el turismo de cruceros en Cuba. Un tribunal federal de Miami declaró que cuatro de las mayores compañías de cruceros del mundo (Carnival, Norwegian, Royal Caribbean, así como la suiza MSC Cruises, con sede en Ginebra) realizaron "actividades turísticas prohibidas" y " de tráfico" de bienes nacionalizados al transportar pasajeros a Cuba y beneficiarse del uso de instalaciones portuarias en La Habana incautadas por el gobierno cubano tras la revolución. Es la primera sentencia de este tipo. Podría tener implicaciones para demandas similares.
"Al utilizar la Terminal y uno de sus muelles de diversas maneras, Carnival, MSC, Royal Caribbean y Norwegian cometieron actos de tráfico", dijo la jueza federal Beth Bloom.
Según los documentos judiciales, las empresas generaron al menos 1.100 millones de dólares en ingresos y pagaron 138 millones de dólares al gobierno cubano. Así lo informó el diario de Miami Nuevo Herald.
Los cruceros de las empresas a Cuba constituían "actividades turísticas" y no actividades susceptibles de promover los contactos entre personas, como exige la normativa estadounidense, según la sentencia. Las empresas pagaron "millones de dólares al gobierno cubano por viajes no autorizados".
En virtud de la legislación estadounidense sobre el bloqueo, las líneas de cruceros sólo podían transportar a ciudadanos estadounidenses que viajaran bajo una de las doce categorías establecidas por la ley. Entre ellos, los viajes de intercambio religioso, cultural o deportivo. Las actividades turísticas estaban prohibidas por ley en todo momento. En cambio, las cuatro empresas habían contratado con compañías estatales cubanas la prestación de "servicios turísticos", entre los que se incluían excursiones a la playa, visitas a clubes nocturnos y recorridos turísticos, que según el juez eran actividades turísticas "clásicas". Las empresas argumentaron que sus viajes eran educativos y promovían los intercambios entre personas.
La demanda fue presentada por Havana Docks, una empresa que tenía una concesión para operar el puerto de La Habana. Havana Docks acusa a las cuatro líneas de cruceros de utilizar el Puerto de La Habana cuando se permitió a los cruceros navegar a Cuba entre 2015 y 2019.
La demanda es posible gracias a la Ley de Libertad, también conocida como Ley Helms-Burton, un endurecimiento del bloqueo estadounidense a Cuba promulgado por el Congreso de Estados Unidos en 1996. Las cláusulas III y IV habían sido suspendidas por todos los presidentes de EE.UU. en incrementos de seis meses. Donald Trump se convirtió en el primer presidente en activarlos a principios de 2019, allanando el camino para las demandas por daños y perjuicios en los tribunales de Estados Unidos contra las empresas que utilizan la propiedad nacionalizada después de la revolución.
El caso pasará ahora a un juicio con jurado previsto para mayo, en el que se decidirán los daños que deberán pagar las compañías de cruceros.